20 Feb, 2020

Es hora de poner fin a las esterilizaciones forzadas de mujeres con discapacidad en Argentina.

Acciones | Derechos Sexuales y Reproductivos

Imagen de campaña. Ilustración de una joven con lentes. Se ve su torso. La ilustración de la joven está rodeada por diferentes símbolos: un libro, una casa, una balanza de la justicia, unos globos de diálogo, una cruz de hospital. Por debajo sobre fondo naranja, se lee hashtag injusta Justicia

“Gabriela fue esterilizada sin su consentimiento porque un conjunto de jueces/zas y médicos/as creyeron saber qué era lo mejor para ella y le negaron su derecho a decidir por sí misma” señaló Carolina Buceta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) durante el conversatorio Injusta Justicia: decisiones jurídicas e intervenciones médicas en los cuerpos de mujeres con discapacidad sin su consentimiento. El encuentro tuvo lugar hoy en la Cámara de Diputados de la Nación y contó con la participación de Pilar Escalante, subsecretaria de Igualdad de Géneros del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y Verónica González Bonet, directora de Comunicación de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Como sobreviviente de violencia sexual, Gabriela, una adolescente con discapacidad de 13 años, tenía derecho a un aborto (artículo 86 del Código Penal de la Nación). Sin embargo, el personal médico obstaculizó el acceso a la práctica al solicitarle a su madre que obtuviera una autorización judicial. La justicia no sólo autorizó el aborto sino que, además, ordenó realizarle una esterilización, sin escuchar la opinión de Gabriela. Este caso fue inicialmente dado a conocer por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), en marzo de 2019.

“No debemos creer que este fue un caso aislado: muchas mujeres con discapacidad como Gabriela son sometidas a esterilizaciones forzadas en todo el país. Ya es hora de que el Estado modifique las leyes que permiten esta grave violación a los derechos de este colectivo. La campaña Injusta Justicia visibiliza el caso de Gabriela para impulsar este cambio y que su historia no se repita”, agregó Sofía Minieri de REDI.

#InjustaJusticia es una campaña regional que invita a reflexionar sobre los límites del derecho penal, el punitivismo y el proteccionismo como estrategias de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, principalmente de adolescentes. La iniciativa es coordinada por Resurj, Vecinas Feministas y Balance e impulsada en conjunto con Aireana, BECA, Casa Rara, ECAP, Intersecta, Las Ramonas, REDI, Surkuna y Tik Na’Oj, organizaciones feministas de toda la región.

En Argentina viven dos millones de mujeres con discapacidad, quienes representan el 11 por ciento de las mujeres que habitan en el país. Todas ellas, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento para las prácticas de anticoncepción quirúrgica (esterilización), por sí mismas y sin que su voluntad sea sustituida por el consentimiento de sus familias o por una autorización judicial.

Lejos de garantizar que puedan brindar su consentimiento para esta práctica anticonceptiva, la Ley 26.130 permite que algunas mujeres con discapacidad – aquellas que son mayores de edad y cuentan con restricciones a su capacidad jurídica– sean esterilizadas sin tomar en cuenta su voluntad, siempre que exista una autorización judicial para la práctica. Esta ley debe ser modificada en forma inmediata.